Los tiempos de cambio que vive nuestra patria,
se relacionan con el ejercicio de una nueva cultura política marcada por la
presencia activa del pueblo en las decisiones y la participación en las
diferencias instancias y poderes que concretan el Poder Público en nuestro
país, posiblemente llevará tiempo para que esto se convierta en realidad, ese mismo
deseo y aspiración de participación de nuestros ciudadanos, será la herramienta
de mayor utilidad para avanzar hacia la meta deseada.
Dentro
del nuevo espectro de la Seguridad y la Defensa de la Nación, es necesario conocer
lo que al respecto dictamina nuestra jurisprudencia. En primer lugar nuestra Carta
Magna indica en su artículo 322 lo siguiente: “La seguridad de la Nación es competencia
esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral
de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también
de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho
privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional”.

De
igual manera nuestro máximo instrumento legal hace alusión, de manera aún más específica,
a la decisiva y protagónica participación de la sociedad venezolana en la seguridad
y defensa de nuestro Estado y del sistema
de gobierno legítimamente constituido, empleando para ello los diferentes
ámbitos del poder nacional, cuando en su Artículo 326 refiere textualmente lo
siguiente: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre
el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de
independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad,
promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así
como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas
de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable
y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional”.
El
principio de corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político,
cultural, geográfico, ambiental y militar”. Para implementar la participación ciudadana
en el establecimiento de las relaciones o vínculos entre los artículos citados y
otras normas específicas, a partir de las concordancias existentes, se debe
tener presente que la participación no es un proceso aislado. En primer lugar,
porque ésta se encuentra directamente relacionada con las diferentes opciones
organizativas y las actividades que cumple el Estado, por ejemplo, en las
políticas de descentralización, planificación y desarrollo económico y social.
En segundo lugar, desde la perspectiva de la sociedad, la participación se
relaciona con elementos como la corresponsabilidad, la solidaridad, la
organización de las comunidades, la defensa y protección de los derechos
humanos y la educación ciudadana.
La
seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y
la sociedad civil, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades
individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de
un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional.
Se
desprende que la seguridad y defensa se manifiesta y expresa desde una doble
dimensión:
1) Una dimensión referida al
ámbito estrictamente de la defensa militar, que llamaremos de conflicto bélico
o guerra en sus distintas formas (regular, asimétrica, entre otros) y
2) Otra dimensión más amplia
de cooperación y participación en el desarrollo, cuyos espacios de acción se manifiestan en los aspectos
económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental.
De
acuerdo a lo establecido por Lares (2004), la Seguridad de la Nación se concibe
como una responsabilidad esencial del Estado, que tiene diversas magnitudes, y
se fundamenta en el desarrollo integral, pues coadyuva al logro de los
objetivos nacionales, preservándolos de los peligros y amenazas que puedan
afectarlos. Igual que en el ámbito psicológico, la Seguridad de la Nación, como
categoría multidimensional y expresada en su mayor magnitud, genera confianza
en la ciudadanía, lo cual incide positivamente en las actividades económicas,
sociales, educativas y de otra índole; por tal sentido su relación estrecha con
el desarrollo social del país es indudable.


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