La
sociedad civil en Venezuela ha surgido y crecido en democracia, como una forma
de organización social que respondió a una realidad en donde los partidos
políticos habían irrumpido en todos los espacios de la vida colectiva. La
Constitución Bolivariana propone el desarrollo de un nuevo tipo de sociedad,
que tiene como ejes el humanismo, la libertad, la igualdad y la justicia socia;
todo ello a través de unos principios fundamentales, siendo uno de ellos el de
corresponsabilidad.
La
corresponsabilidad implica un compromiso del Estado así como la participación
de la sociedad. La sociedad civil debe ser consiente de la responsabilidad que
tiene de colaborar y de exigir sus derechos. Debe estar informada y tener
opciones reales de intervención en el alivio de situaciones y problemas
concretos que se presenten, todo ello en el marco de un gobierno democrático y
participativo. Existen en Venezuela, un conjunto de regulaciones jurídico
formales (con rango constitucional, legal y sublegal) que sientan las bases para
que se ejecute la participación; así como nuevas instituciones a través de la
cuales ésta se puede concretarse, como es el caso de los Consejos Locales de
Planificación Pública y los Consejos Comunales.
Aún
cuando existen regulaciones formales que permiten la participación y que
establecen los diferentes mecanismos y medios de participación, más que de las
existencias de estas regulaciones, depende de factores reales de índole
política y económica, así como de la concientización de la sociedad de la
sociedad misma de su fuerza. La voluntad política ha sido, es y será
determinante en la concreción y direccionamiento de la misma; sin embargo, la
sociedad civil debe apropiarse de los roles que le han sido otorgado y forzar a
las instancias institucionales a las que abran los diferentes canales de
participación que están previstos, en los supuestos de que dicha voluntad
política sea contraria a la posibilidad del ejercicio de la participación
ciudadana. No obstante, debe superarse la poca cultura que tenemos los
ciudadanos en Venezuela en materia de participación y el riesgo de polarización
política.
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